1. Prolegómenos y antecedentes hasta 1954

La cuestión principal: El totalitarismo peronista

Desde su acceso al poder en 1943 Perón impulsó políticas de Estado favorables a los grupos o sectores más postergados de la sociedad: Asalariados, inquilinos, arrendatarios y, en general, los grupos sociales carentes de propiedades. Siguiendo una tendencia mundial, la dirigencia argentina anterior a Perón había venido introduciendo políticas “sociales” (como comúnmente se las conoce) de manera gradual. Pero al generalizar y acelerar las reformas y presentarlas no ya como ventajas “concedidas” por las clases gobernantes, sino como la reivindicación de derechos de los desposeídos y de las organizaciones que los representaban (los sindicatos), Perón logró un fenomenal apoyo popular (en 1945) y electoral (en 1946), quitándole una gran parte de sus bases de votantes a los partidos conservador, radical y socialista.

Además de impulsar políticas sociales, Perón redobló – siguiendo también una tendencia mundial extendida después de la depresión económica de los años 30 – la aplicación de políticas “estatistas”, satisfaciendo así a muchos grupos de pensamiento “nacionalista”, que cuestionaban el rol que los capitales extranjeros habían jugado en el crecimiento económico del país.

En esa etapa de su historia la Argentina podía tolerar – incluso necesitar – una aceleración y profundización de sus políticas sociales y una mayor involucración del Estado en la economía, pero esa reformas debían ser impulsadas por dirigentes inspiradores, probos y con mucha perspicacia.

De hecho, con el apoyo popular y electoral obtenido con las dosis de nacionalismo y populismo aplicadas inicialmente, Perón y sus colaboradores pudieron haberse mantenido en el poder durante muchos años en un contexto democrático (es decir, donde el poder lo ejercen las mayorías), pero a la vez republicano, palabra que es sinónimo de división de poderes, gobierno limitado y respeto de la oposición. En absoluto era necesario silenciar y reprimir a críticos y opositores, ni agitar el resentimiento contra los pudientes y los patrones (con aquel latiguillo de la “oligarquía terrateniente”), ni destruir la ética del trabajo, del ahorro, del esfuerzo y de las obligaciones.

No fue así, sin embargo. Perón buscó halagar a los desposeídos y beneficiarse políticamente azuzando sus resentimientos. Mucho más grave aún, optó por la vía “totalitaria” de ejercer el poder, es decir: La búsqueda del control total de los poderes del Estado y la imposición obligatoria y absoluta de su “doctrina peronista” o “doctrina nacional” a todas las personas y órdenes de la vida social.

Las purgas de personas consideradas opositoras comenzaron incluso antes de convertirse él en presidente de la Nación (el 4 de junio de 1946). Y alcanzaron a todas las áreas importantes del Estado y de la sociedad: La administración, la justicia, las universidades, los medios de prensa, las diversas manifestaciones de la cultura, el mundo del deporte y, por supuesto, las fuerzas armadas y de seguridad.

Muy pronto a las purgas le siguieron detenciones de opositores, amenazas y presiones contra los medios de prensa independientes y, para no dejar dudas respecto de su totalitarismo, mediante un juicio político votado por las mayorías peronistas de ambas cámaras legislativas, en 1947 se destituyó – por primera vez en la historia – a la totalidad de los ministros de la Corte Suprema, suplantándolos por jueces afines. Dos años más tarde, en 1949, tuvo lugar la derogación de la Constitución Nacional centenaria y su reemplazo por otra, redactada a la medida de la “doctrina peronista” y que incluía la posibilidad de la reelección del presidente.

Al estilo confrontativo y totalitario de Perón se le unió a) la actuación pública de su segunda esposa, permanente instigadora de mensajes de resentimiento contra las clases pudientes y b) un elenco de colaboradores (ministros, legisladores, gobernadores y jefes militares) que hacía gala de una descarada obsecuencia al “líder”, rivalizando entre ellos en manifestaciones de culto a la personalidad del Presidente y de su esposa.

Estos fueron, en apretadísima síntesis, los motivos que fueron llevando a muchas personas y miembros de la Fuerzas Armadas a concluir que el de Perón no era solo un gobierno populista o nacionalista, sino un régimen despótico y totalitario, que – más allá de la justicia o de la necesidad de sus políticas económicas y sociales – solo podría ser desalojado del poder mediante el uso de la fuerza.


1949/50

En la completísima investigación volcada en el libro “La Revolución de 55” (Tomos I y II), Isidoro J. Ruiz Moreno identifica a dos grupos distintos que en estos años comenzaron a conspirar para provocar la caída de Perón antes que fuera reelecto.

Un grupo era encabezado por los coroneles José Francisco Suárez y Bartolomé Gallo, secundados por los oficiales de igual graduación Urbano y Agustín de la Vega, Ojeda y Mascaró y los tenientes coroneles Pomar y Toranzo Montero. Se les unió más tarde el general Giovanelli y los capitanes de navío Estévez y Kolungia, el capitán de fragata Poch, los capitanes de corbeta Mejía y Beláustegui y los vicecomodoros Martínez y Manni, además de dirigentes de diversos partidos políticos. El grupo planeaba detener a Perón mediante un golpe de mano y luego poner en marcha una contrarreforma de la Constitución, para culminar con un nuevo llamado a elecciones. Una delación provocó la detención del coronel Suárez y la temporaria disolución del grupo.

Un segundo grupo conspirador estaba compuesto por oficiales nucleados en la Escuela Superior de Guerra. Pronto se puso al frente del mismo el entonces coronel Pedro Eugenio Aramburu, subdirector de la escuela, participando también el director, general Colombo y los profesores, coronel Lorio y tenientes coroneles Labayru, Leguizamón Martínez y Bonnecarrere.


1951

La designación de Aramburu como agregado miliar en la Embajada Argentina en Brasil en enero de este año (destino en el cual conocería al entonces capitán de navío Isaac Francisco Rojas, que se desempeñaba como agregado naval) lo apartó del grupo conspirador de la Escuela de Guerra. Pronto se incorporaría el nuevo subdirector, coronel Salinas, y algo después, a propuesta de teniente coronel Labayru, el coronel Lorio comprometió al general de división Eduardo Lonardi, por entonces comandante del 1er Ejército con sede en Rosario. Aceptado el desafío de liderar la conspiración, Lonardi comenzó a reclutar a otros oficiales, entre ellos al coronel Arturo Ossorio Arana.

La investigación de Ruiz Moreno sugiere que a cierta altura de 1951 el general Benjamín Menéndez, oficial de renombre del arma de caballería, retirado desde 1942, pero que también conspiraba, comenzó a mostrar impaciencia y a comportarse de manera independiente de Lonardi, haciendo sus propios contactos con oficiales de las tres fuerzas y dirigentes civiles[1].

Por carecer de suficientes efectivos comprometidos, Lonardi se vio obligado a postergar la primera fecha fijada para el alzamiento: El miércoles 15 de agosto, una semana antes del día en que se proclamarían las candidaturas de Perón y Evita para los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación. Aunque días después Evita desistió de su candidatura[2], Lonardi – en un gesto destinado a provocar la reacción de la oficialidad y facilitar su tarea conspiradora – pidió (el lunes 27/8) su pase a situación de retiro, expresándole al Ministro de Guerra, general Lucero, su desacuerdo con la adhesión al gobierno que se le exigía a los oficiales en actividad.

Tras cumplir un breve arresto motivado por los términos empleados en su solicitud, Lonardi mantuvo – alrededor del 10/9 – una reunión con Menéndez. En el curso de la misma este le manifestó su intención de lanzarse a la acción no bien considerara que tenía los elementos necesarios: Menéndez haría “su” revolución, no ya la de Lonardi.

Fue así como Menéndez lanzó el golpe en la madrugada del viernes 28/9, sin siquiera avisarle a Lonardi, contando con algunos blindados de Campo de Mayo (Escuela de Caballería y Regimiento de Tanques 8), pero con la adhesión de un buen número de oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea (liderados por los brigadieres Zinny y Guaycochea y el vicecomodoro Rojas Silveyra) y de la Aviación Naval (al mando del capitán de navío Baroja).

Dominado en pocas horas[3], ese golpe le dio a Perón la excusa perfecta para declarar un inédito “estado de guerra interna”, figura que pese a no estar contemplada por la Constitución Nacional, fue avalada tanto por el Congreso, como por la Corte Suprema y que le permitiría intensificar la persecución y represión de sus opositores hasta límites insospechados.

Derrotada la intentona, condenados a largas penas de prisión ciento once oficiales participantes (que cumplirían en el penal de Río Gallegos) [4], una apoteótica celebración del “Día de la Lealtad” (el miércoles 17 de octubre) y una victoria arrolladora de la fórmula Perón-Quijano (62% de los votos obtenidos en las elecciones del domingo 11 de noviembre, en las que, por vez primera, votaron las mujeres), Perón parecía hallarse en el pináculo de su poder.

Paradójicamente, un beneficiado por la intentona del 28/9 fue el coronel Suárez, liberado de su detención el martes 6 de noviembre[5]. Como temía ser detenido nuevamente merced al “estado de guerra interno”, Suárez se dedicó desde la clandestinidad a reactivar el complot que había planificado antes de su larga detención, volviendo a explorar la idea de un golpe de mano para detener a Perón y a los principales jefes militares y ministros del gabinete, llevándolos a buques de la Armada fondeados aguas afuera del puerto.


1952

La indignación provocada por las condenas y las nuevas purgas de oficiales resultantes del golpe del 28/9/51 obligó a Suárez a calmar varias veces a sus camaradas conspiradores. No pudo, sin embargo, evitar una nueva infiltración de su grupo por la inteligencia militar, que, el 3 de febrero de 1952 (centenario de la batalla de Caseros), dio lugar a una redada de detenciones, incluyendo la del mismo Suárez.

Si bien Suárez se negó a delatar a los demás implicados (pese a haber sido salvajemente torturado y picaneado) alrededor de 600 personas “sospechosas”, entre militares y civiles, fueron detenidos en las semanas siguientes, entre ellos el general Lonardi y el coronel Lorio, que si bien habían conspirado el año anterior, no tenían relación con el complot de Suárez.

Desde la prisión, Lonardi – ahora retirado y con la frustración que le había dejado la prematura salida de Menéndez – siguió manteniendo contacto con los militares y civiles a quienes había comprometido el año anterior. Cuando estos le reclamaron la dirección de un general en actividad, Lonardi pensó enseguida en Aramburu, quien, regresado del Brasil, había ascendido a general. Aprovechando que Aramburu concurría con frecuencia a la prisión porque actuaba como defensor militar del coronel Lorio, Lonardi le pidió a su esposa, Mercedes Villada Achaval, que le trasladara su inquietud. Pero la respuesta de aquel fue que ese momento (1952) y vista la experiencia del movimiento de Menéndez, era prematuro lanzar una nueva revolución. No sería esta la última vez que Aramburu eludía a Lonardi como co-conspirador.

El 18/4 – pocos meses antes de asumir su segundo mandato el 4 de junio – Perón suscribió una orden general secreta que encomendaba aniquilar a las fuerzas adversarias en caso de producirse un atentado contra el Presidente. A tal efecto se confeccionaron extensas listas de instituciones y personas que debían ser suprimidas sin más, en caso de ocurrir tal evento. Incluía también precisas instrucciones para “depurar” a la administración pública y fuerzas armadas y de seguridad de elementos opositores e incluso indecisos y la obligación de “delatar” a los sospechosos. Fue en una nota manuscrita acompañando la copia de esta orden dirigida a unos de sus ministros, en la Perón escribió la frase “al enemigo, ni justicia”.

La muerte de Evita el 26/7 generó otra ola de obsecuencia, esta mucho mayor que la que había provocado el fallido golpe de Menéndez. La obligación exigida a los oficiales militares de adornar las empuñaduras de sus sables con cintas de luto provocó nuevos rechazos y tensiones.

Como un hecho destacable en otro orden, cabe señalar el viaje que en ese año hizo a Roma el Dr. Manuel V. Ordóñez, jurista destacado y hombre cercano a la jerarquía católica del país. Tras hacerle conocer al Papa Pío XII la verdadera situación argentina, Ordóñez entrevistó al Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Giovanni Montini (futuro papa Pablo VI), a quien le advirtió que no se equivocaran sobre la actitud amistosa de Perón respecto de la Iglesia: “Por su ideología va a terminar persiguiéndola”, le dijo.

A fines del año recuperan su libertad los oficiales a los que no se les pudo probar que hubieran conspirado, entre ellos, Lonardi.


1953

La exigencia de dictar en las unidades militares cursos sobre la “Doctrina Nacional” no hizo sino ahondar las diferencias: Muchos oficiales se resistían, otros padecían la confusión entre la natural subordinación que el militar debe a las autoridades constituidas y la percepción de estar siendo adoctrinados para el partido en el poder, y en un tercer grupo – sobre todo en muchos suboficiales – alimentó el servilismo y la obsecuencia. Los del primer grupo y muchos del segundo constituirán, en los próximos años, los núcleos proclives a la revolución.

Los ministros militares (General Franklin Lucero en el Ejército, Almirante Aníbal Olivieri en la Marina y Brigadier Juan Ignacio de San Martín en la Fuerza Aérea) se definían como peronistas, pero su grado de adhesión era diverso. Lucero no ocultaba su admiración por Perón y usó las directivas del adoctrinamiento para ir detectando las distintas actitudes de la oficialidad y depurar a los que tendrían mando de tropas, sobre todo en Buenos Aires. Olivieri aprobaba las políticas sociales de Perón, pero trataba de mantener a la Marina ajena a la política. Exigía disciplina a cambio de no imponer el adoctrinamiento que se hacía en las otras dos fuerzas. San Martín era todavía más obsecuente que Lucero, llegando a decir en una formación: “¡Al primer piloto que deje de cumplir una orden, el suboficial saca su pistola y lo mata…!”

En abril de ese año estalló el escándalo de corrupción en la Casa Rosada que terminó con la vida de Juan Duarte, hermano de Evita. Suicidio, según el gobierno, asesinato, según la oposición.

En medio de ese escándalo y como manera de reafirmar el poder de Perón, la CGT convocó a una concentración masiva de apoyo al líder. Sería el miércoles 15 de abril de 1953. Durante el discurso del presidente estallaron dos bombas que provocaron corridas y dejaron cinco muertos. Entonces Perón radicalizó el lenguaje instando al pueblo – que le pedía “leña” – a que la diera por su cuenta. No hizo falta más para que esa noche ardieran – ante la pasividad de policías y bomberos – las sedes de los partidos Socialista, Radical y del Jockey Club.

Días más tarde, el 7 de mayo, Perón dijo desde la Plaza de Mayo: “Yo les pido que no quemen más, ni hagan nada más de esas cosas, porque cuando haya que quemar ¡voy a salir yo a la cabeza de ustedes a quemar! ¡Entonces, si fuera necesario, la Historia recordará la más grande hoguera que haya encendido la humanidad hasta nuestros días!” Acto seguido, otra gran redada llevó a la cárcel a los principales dirigentes de todos los partidos opositores.

Fue por esos meses que el aviador naval, capitán de fragata Jorge Alfredo Bassi, tras estudiar en detalle el ataque japonés a Pearl Harbor, logró entusiasmar a otros pilotos (entre otros, a los capitanes de fragata Antonio Rivolta y Néstor Noriega) y a algunos oficiales “barqueros” (como los capitanes de fragata Francisco Manrique y Recaredo Vázquez) en el proyecto de emplear la aviación de la Base Aeronaval Punta Indio (ubicada a unos 150kms al sudeste de Buenos Aires) para bombardear la Casa Rosada. El plan llegó a serle a expuesto a Lonardi por Rivolta, Manrique y Noriega, pero aquel se negó a involucrarse como jefe militar de un golpe de ese estilo, sin ningún apoyo militar.

Algunas semanas más tarde, en cambio, Lonardi sí aceptó tratar de aportar fuerzas del Ejército para apoyar otra iniciativa de oficiales de la Marina: Este plan consistía en detener a Perón y a todas las autoridades nacionales (incluyendo los presidentes de ambas cámaras legislativas y el jefe de la policía federal) que subieran con él al crucero insignia de la flota de mar que ingresaría al puerto de Buenos Aires con motivo de las celebraciones del 9 de julio. Los detalles del proyecto fueron ajustados por el capitán de navío (retirado) Adolfo Estévez, que contaba con la colaboración del capitán de fragata Carlos Bruzzone, segundo comandante de la nave insignia, que era el crucero 9 de Julio[6], de grupos civiles dirigidos por el capitán del Ejército (retirado) Walter Viader, y de pilotos de la Fuerza Aérea que comprometieron cazas Gloster Meteor de la Base Aérea de Morón para mantener a raya cualquier intento de reacción militar o popular.

Pero cuando Lonardi comprobó que no podía obtener suficiente apoyo en el Ejército, les comunicó a los marinos – para gran desilusión de estos – que desistía de participar del plan. Perón finalmente desistió de visitar el buque, pero la negativa de Lonardi lo apartó de los marinos rebeldes hasta 1955[7].

En otro orden de cosas, fue también en la primera mitad de 1953 que por iniciativa del ministro de Educación Armando Méndez San Martín (no confundirlo con el ministro de Aeronáutica, brigadier Juan Ignacio San Martín) se fundó la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la que aglutinó a estudiantes de ambos sexos de escuelas secundarias públicas. Casi desde el comienzo, Perón, con la excusa que la organización carecía de un campo de deportes propio, propuso que utilizaran las instalaciones de la quinta de Olivos. Más allá de los resquemores y rumores que de inmediato surgieron a partir de la presencia de jovencitas en su residencia, el trasfondo del enfrentamiento con la Iglesia fue por la competencia que la UES le empezó a hacer en la captación de la juventud.

Hacia fines del año muchos detenidos recuperaron la libertad merced a una ley de amnistía sancionada por el Congreso. Esta medida tuvo que ver en parte con los intentos que Perón estaba haciendo entonces para mejorar las relaciones con los EE.UU.[8]


1954

Una elección para renovar parcialmente la cámara de diputados y elegir al vicepresidente que reemplazaría al fallecido Hortensio Quijano le permitió a Perón obtener otra arrolladora victoria. Como para remarcar quien mandaba y la clase de democracia que existía, al día siguiente de la elección fue detenido quien había sido el principal candidato a vicepresidente por la oposición, Crisólogo Larralde[9].

En las tres fuerzas, pero en especial en la Marina, crecía el número de oficiales asqueados con el régimen de Perón. Tanto en la aviación naval, como en la flota, las bases y escuelas se hacían ejercicios que, sin decirlo, eran preparatorios de situaciones de rebelión. Los oficiales navales más resueltos siguieron buscando apoyos en la Fuerza Aérea y en el Ejército. En ambas fuerzas encontraron eco en algunos oficiales retirados y, también, en muchos en actividad, pero de rango intermedio. Cuando buscaron la adhesión de jefes de mayor graduación y/o con mando de tropas, solo chocaron con negativas, evasivas y hasta amenazas. Ni en la Armada encontraron almirantes receptivos. Isaac F. Rojas, ya contralmirante y ahora director de la Escuela Naval, toleraba en su unidad ciertas críticas al gobierno, pero él se mantenía en un silencio tan enigmático que hacía imposible conocer pensamiento.

El conflicto de Perón con la Iglesia – iniciado a partir de la creación de la UES el año anterior – fue escalando a lo largo de 1954. El acto organizado por la iglesia de Córdoba para el día de la primavera (21/9), que reunió 200.000 personas fue interpretada por Perón como un desafío directo a su gobierno. Y más todavía la creación del Partido Demócrata Cristiano en Rosario. El ministro de Educación, primero, y el secretario general de la CGT, después, fueron las voces elegidas por Perón para iniciar la denuncia de la “acción disolvente” de los sacerdotes y a exhortar a no tolerarla. Perón insistirá en que su conflicto no es con “la iglesia”, sino con “los malos curas”, pero las acusaciones con nombre y apellido alcanzaban a muchos sacerdotes y por lo menos a tres obispos. Las declaraciones cada vez más violentas denunciándolos e instando a los buenos peronistas a “ser peronistas más que ninguna otra cosa” y “sacar a los malos curas de la circulación”, no hacían sino agravar el conflicto.

En represalia por lo que el gobierno interpretaba como desafíos de “los malos curas”, el 2/12 se suprimió por decreto la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Días después (el 8/12) el gobierno trató de sabotear la procesión del día de la Inmaculada Concepción instando al pueblo a recibir en Ezeiza al boxeador Pascual Pérez, que acababa de coronarse campeón mundial de peso mosca en Japón. Solo unos cientos fueron a Ezeiza, en tanto que 80.000 personas participaron de la procesión[10]. Entonces vinieron tres nuevas represalias: El 21/12, por ley del Congreso, se prohibieron los actos no oficiales en lugares abiertos, el 22/12 se aprobó la ley de divorcio vincular y el 30/12 se legalizó el funcionamiento de prostíbulos.

Mientras tanto había crecido de tal manera la acción antiperonista en las universidades, que en octubre el gobierno mandó allanar los centros de estudiantes y detener a cerca de 200 de sus dirigentes.


Notas

[1] Según Robert Potash, Menéndez había pretendido liderar el golpe militar que derribó al Dr. Ramón Castillo de la presidencia de la Nación el 4 de junio de 1943.

[2] En un gigantesco “cabildo abierto” organizado por el partido peronista y por la CGT y llevado a cabo el miércoles 22 de agosto en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

[3] El “avance” de Menéndez no pasó de El Palomar, donde, después de conferenciar con los aviadores rebeldes, decidió rendirse en el Colegio Militar: Eran las 9 de la mañana.

[4] Otros sesenta y seis se exiliaron, totalizando 177 los implicados en el complot.

[5] Ese mismo día el cirujano George Pack, traído expresamente desde los EE.UU., operaba a Evita de un cáncer de útero.

[6] Gemelo del 17 de Octubre (más tarde, General Belgrano), esta fue la nave que el lunes 19 de septiembre de 1955 a las 07:00 bombardearía los depósitos de combustible de YPF en Mar del Plata.

[7] Hacia fines de 1953, a los oficiales navales ya nombrados se habían unido Perren, Molinari, Hermes Quijada, Barilari, Rawson, Oliva Day, Marotte (sin relación con el aviador del mismo nombre), Castiñeiras Falcón, Dietrich, Solari, Nielsen Enemark, Suárez Rodríguez, Siro de Martini y otros.

[8] Debe recordarse que 1953 fue también el año de la firma de los tratados de defensa entre los EE.UU. y la España de Franco.

[9] El triunfo fue para el Almirante (retirado) Alberto Teissaire, quien era senador y presidente del partido peronista.

[10] La de Córdoba el 21/9 y la de Buenos Aires el 8/12 fueron las primeras manifestaciones masivas hechas desde 1945 en lugares públicos, no organizadas por el gobierno o por la CGT.